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Tras los pasos del Decenio Internacional Afrodescendiente: Un plan de acción que parece no haber iniciado

 

decenio

El decenio se debía de centrar en la protección de los derechos de las personas de ascendencia africana, reconociendo sus aportaciones y la preservación de su rico patrimonio cultural. Sin embargo, sus resultados dan certeza de su posible fracaso.

 

Por décadas los procesos organizativos afrodescendientes han centrado su lucha en el reconocimiento de las comunidades negras como ciudadanos a quienes se les garanticen los mismos accesos y oportunidades esenciales que al resto de la población en general. El compendio de estas luchas permitió que, en diciembre del 2014, la Asamblea General de la ONU en su resolución 68/237, proclamó el Decenio Internacional para los Afrodescendientes del primero de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2024. Reconociendo con ello, que estas comunidades son descendientes de millones de africanas y africanos que fueron esclavizados y transportados en la trata transatlántica entre los siglos XV y XIX, suceso histórico que marcó el inicio de un proceso de marginación, de empobrecimiento sistemático y racismo estructural hacia las personas afrodescendientes.

 

El Decenio Internacional para los Afrodescendientes, entendido como un plan de acción que se pretende ejecutar en un plazo de diez años, busca aportar mayor comprensión de las situaciones de vulneración que diariamente afrontan las comunidades negras, afrodescendientes en relación a su vida social, en su desarrollo económico y su participación política. Así, buscar soluciones estatales que garanticen el reconocimiento, la justicia y el desarrollo integral de las personas con ascendencia africana y sus futuras descendencias.

 

Este plan de acción lo conforman una serie de actividades a desarrollar en las regiones del país, cuyo propósito consiste en facilitar reflexiones políticas y culturales en torno a los tres aspectos centrales del Decenio: reconocimiento, justicia y desarrollo.

 

“Reconocimiento, desde la formulación e implementación de políticas públicas para el desarrollo de los afrodescendientes. Justicia, desde los derechos culturales, sociales y económicos de los gestores, actores y población afrocolombiana; y desarrollo desde la generación de capacidades para una mejor oferta y aprovechamiento de las oportunidades para la población afro” (Mincultura, 2015).

 

No obstante, es importante aclarar que al ser este acuerdo una resolución emitida por la ONU, el plan no pasaría a ser obligación directa para los Estados. Por tanto, la aprobación y el desarrollo de las actividades inherentes al plan de acción, dependería principalmente de la voluntad política y de la incidencia que puedan ejercer las organizaciones sociales afrodescendientes sobre las instituciones públicas. Sin embargo, la asamblea general de la ONU se ha autoimpuesto una serie de responsabilidades para evitar en lo posible, irregularidades en la implementación del plan, tal como el deber de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, de ejecutar un examen de mitad de periodo que evalúe el estado actual de la implementación de los proyectos aprobados, lo cual en últimas podría determinar la asignación de presupuestos e incluso la continuación o no de dicha actividad (Fernández, 2020).

 

El Dirigente del proceso organizativo étnico afrocolombiano, Juan de Dios Mosquera comenta al respecto que “en Colombia lo que hacen los propios gobiernos es desconocer lo que ellos mismo en las leyes impulsan y desarrollan (…) Los gobiernos de la élite española descendiente siguen siendo racistas; siguen practicando la discriminación racial y social de la población afrocolombiana; y siguen ignorando los mandatos legales surgidos de la constitución nacional y de la ley 70. El papel de la ONU respecto al Decenio no es obligatorio, no tienen un marco vinculante para los Estados que les exija cumplir”.

 

En el caso de Colombia surge la paradoja, que al ser el único país latinoamericano donde sólo funciona el derecho a la consulta para las comunidades afrodescendientes, y en donde las instancias de los pueblos indígenas sí influyen en los planes de desarrollo territorial, es a su vez, uno de los principales países más desiguales del continente. Provocando que las brechas de desigualdad socioeconómicas que hay entre la población étnica y no étnica (brechas que el Decenio pretende cerrar) sean significativamente amplias, haciendo más exhaustiva la lucha por la implementación, seguimiento y mantenimiento de las diversas garantías para las comunidades afrodescendientes en el país. “Si ya estábamos “mal” desde el punto de vista de desigualdad socioeconómica, en el caso de Colombia, se suma el tema de la violencia, la presencia de grupos armados y ahora el impacto desigual que ha generado la pandemia por covid-19” (Fernández, 2020).

 

A la fecha, ya van 6 años desde que se creó el Decenio Internacional para los Afrodescendientes. Tiempo suficiente para generar un balance de su implementación en los territorios y las prioridades para los últimos cuatro años del plan de acción. En este tiempo se han ejecutado diversas propuestas que apuntan a la reparación como comunidad tales como políticas públicas con enfoque diferencial que beneficien directamente a los interesados, como en el caso de fondos para el acceso gratuito y la permanencia en la educación superior. Sin embargo, expertos en el tema como Mirelle Fanon, activista por los derechos humanos e investigadora decolonial; Antumi Toasijé, Doctor en historia y activista panafricanista; y Luis Olave, coordinador para los pueblos afrodescendientes, señalan con preocupación el poco accionar de los entes estatales por fortalecer las estrategias y los procesos que ayuden a cumplir los objetivos del Decenio Afrodescendiente en el territorio.

 

“Debemos preocuparnos porque nada se ha hecho realmente, excepto por la sociedad civil que hace lo mejor que puede haciendo algunos eventos, programas y discusiones, y La ONU usa eso, como si lo que la comunidad ha hecho lo ha logrado con el apoyo de La ONU. Cuando se decidió hacer este Decenio fue por ciertas razones, y la principal fue porque las poblaciones afro son las más afectadas por las consecuencias de la trata transatlántica, la esclavización y el colonialismo” Comentó Mirelle en una entrevista  realizada por el canal France 24 en el 2019.

 

Aún le queda cuatro años al Decenio por aprovechar, tiempo para revisar nuevamente las prioridades desde un paradigma social que ha mutado significativamente desde que inició este plan de acción. De este proceso vale la pena rescatar el avance en cuanto al reconocimiento de las comunidades afrodescendientes en su diversidad, y de la articulación cada vez más visible entre las naciones integrantes de la ONU aliadas en el proyecto.

 

“Uno de los grandes errores del Decenio, es convertirse en una cuestión elitista; una cuestión para líderes y lideresas influyentes, en vez de ser una cuestión de grandes masas, ya que no se logra ningún cambio social sin la intervención de grandes grupos de población. Aquí lo que se debe de tratar es de empoderar a la gran masa africana y afrodescendiente” explicó el Doctor Toasijé en una entrevista  realizada por el canal France 24 en el 2019.

 

Colombia es un actor clave en todo este proceso, al ser el precursor del Decenio Internacional para los Afrodescendientes, cuando Pastor Murillo Martinez, entre otros actores importantes, presentaron en el 2009 el proyecto ante el gobierno colombiano. Fue nuestra nación la que propuso ante la ONU la declaratoria del Decenio, por ende, cuenta con la ventaja de marcar la ruta de ejecución al ser la “cabeza” visible de este movimiento, de igual manera que reposa bajo sus hombros el peso de las miradas propias y ajenas al territorio que esperan buenos resultados antes de terminar el 2024.

 

La promulgación del Decenio lo que hace es visibilizar las responsabilidades que tiene el Estado Colombiano y sus gobiernos frente a casi la mitad de su población afrocolombiana en cuanto a su deber de cumplir los mandatos de la constitución nacional; la protección y respeto a la diversidad étnica y cultural de la nación; el enfoque étnico en las políticas públicas; un censo nacional que cuente de manera correcta a su población; la participación ciudadana y política afrocolombiana, y una etnoeducación como desarrollo de educación con calidad e identidad cultural dentro del sistema escolar en todo el territorio nacional” Concluye Juan de Dios Mosquera.

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Fotografía: Semblanzas del rio Guapi

 

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