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Alto Baudó y Murindó: el gobierno no tiene el monopolio de la fuerza

 

En estos días se ha visto una vez más cómo la guerra se ensaña especialmente con las comunidades étnicas, con la Colombia profunda. Los municipios del Alto Baudó, en Chocó y Murindó, en el Urabá Antioqueño, presentan luchas  entre los actores armados por el control territorial; esto ha dejado miles de víctimas desplazadas y confinadas.

 

Alto Baudó

Allí se presentan las luchas entre los miembros del ELN  y los del Clan del Golfo (o grupos posdemovilizados de las AUC),  por un control  estratégico para narcotráfico y las rentas por la minería. Lo que ha hecho que cerca de la mitad de la población sea nuevamente víctima de la violencia; según la Defensoría del Pueblo hay 4.741 personas confinadas y desplazadas desde el pasado viernes 19 de febrero.

En septiembre de 2019, la Defensoría  emitió una alerta temprana para ocho corregimientos del Alto Baudó sobre la posibilidad de un enfrentamiento entre estos grupos criminales; y aunque desde el gobierno se afirma que se atendió esa situación, la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU informaba que en marzo de 2020,  “3.083 personas (824 familias) pertenecientes a 23 comunidades indígenas y afrocolombianas” estaban confinadas.

“En estos momentos estos grupos se están disputando las rentas que han quedado en los territorios del narcotráfico, pero también de la minería y el control de los territorios, pues hay que decir que en esos territorios el Estado no tiene el monopolio de la fuerza”. Patricia Tobón,  Miembro de la Comisión de la Verdad.

Murindó

En límites con el Chocó,  el confinamiento se ha debido a la instalación de minas antipersona por parte de grupos residuales de las desmovilizadas FARC; esto ha restringido la movilidad de cerca de 4 mil indígenas de los resguardos de los ríos Murindó y Chageradó. Se ha impedido que los indígenas  realicen sus actividades cotidianas; haciendo que el hambre sea una realidad apremiante.

“Los que vivimos en la región de Murindó, incluyendo a parte de Urrao, Dabeiba y que limita con el Chocó, es una situación que hemos advertido desde hace tres años. Hoy tenemos los resguardos de los ríos Murindó y Chageradó confinados; tanto por los enfrentamientos entre las AGC y el ELN como por las minas; en toda esta zona hemos reportado 9 accidentes de minas antipersonal y 3 personas fallecidas”. Alexis Espitia, consejero de la Organización Indígena de Antioquia.

Riosucio

Después de la muerte de uno de los cabecillas del Clan del Golfo en una vereda del municipio, la comunidad ha pagado las consecuencias. Ninguno de los más de 20 agentes que participaron en la operación contra alias Marihuano se quedaron, ahora es la población la que sufre las retaliaciones. Con el llamado «plan pistola» dos agentes de policía han  muerto;  además, 100 menores de edad han tenido que salir de sus hogares pues están en la lista para ser reclutados por la banda criminal.

Una propuesta de La Comisión de la verdad

Para los miembros de la Comisión de la Verdad, las causas de este estas nuevas situaciones de violencia en el Alto Baudó y Murindó, se deben  en parte a la mala implementación de los procesos de paz en el pasado; a  la renuencia de abrir un diálogo con los actores criminales como el ELN y los llamados grupos post paramilitares.

Es por esto que desde la Comisión de la Verdad insisten en una salida negociada y no en la vía militar. “No buscar la negociación es un tiro al pie, seguirá desangrándonos y dejando las escenas de velorios al interior de los resguardos indígenas y consejos comunitarios”. Leyner Palacios, Miembro de la Comisión de la Verdad.

Para los colombianos que viven en los territorios como el Alto Baudó y Murindó, la paz es un concepto lejano  pues desde todavía siguen viviendo entre las balas y las amenazas.

“Hoy vemos como el Pacífico Colombiano , las comunidades indígenas, las comunidades afrocolombianas y las comunidades campesinas, viven el día a día de las masacres; viven el día a día de los asesinatos; viven el día a día de los desplazamientos […] El Estado, la sociedad y el gobierno colombiano los está condenando a la muerte, no está posibilitando una salida negociada al conflicto armado pero tampoco está mirando las alternativas de acuerdos humanitarios que han propuesto las comunidades para que ellos salgan de ahí” . Concluyó el  comisionado Palacios. 

También puedes leer La criminalidad no se confinó

 

Fotografía: Colprensa

 

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