Jueves, 07 May 2020

Víctimas del conflicto interno armado en Colombia, nuestro asunto pendiente

"Aún en el territorio nacional hay personas víctimas del conflicto interno armado, que no tienen la menor idea de cuáles son sus derechos y desconocen los medios y mecanismos para acceder a ellos". 

 

Por: Margareth Paz Valencia*

 

Cuando se habla de víctimas del conflicto interno armado en Colombia, la ley 1448 de 2011 en su artículo 3 contempla lo siguiente: “Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno".

 

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Desde el año 1997 hasta la fecha, el Estado colombiano ha diseñado normas en aras de garantizar por decirlo así un “alivio” a esta población, quienes son sujetos de especial protección constitucional y a quienes se les ha impuesto una carga que no deben soportar, lo que configura algo que en Derecho llamamos ruptura del equilibrio de las cargas públicas; cuando se habla de cargas públicas se hace referencia a ciertas formas de contribución de los individuos a la supervivencia y al cumplimiento de los fines de la organización política, que pueden representar para aquellos un sacrificio en su patrimonio o libertad. Así, históricamente han recibido esta denominación figuras como las limitaciones al dominio, la expropiación, los tributos, el servicio militar obligatorio, las funciones electorales, el deber de declarar como testigo, el servicio del abogado de turno, la detención y la prisión preventiva, entre otras.

 

Es un hecho notorio que el conflicto interno armado en nuestro país ha marcado nuestra historia y la de nuestros territorios, pero antes de hablar de las víctimas del conflicto interno armado, es necesario que le echemos un vistazo a nuestra constitución en su Artículo 2do. “Son fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”, fines que se han quedado en el papel ya que el bienestar general no es cosa de todos los colombianos.

 

Este año en el mes de junio se cumplen nueve años de vigencia de la ley 1448 de 2011, una ley que al parecer brindaba soluciones y proponía alternativas realizables con la finalidad de que las víctimas del conflicto interno en nuestro país (Colombia) pudieran acceder a una Reparación integral (verdad, justicia y reparación), objetivo que hasta la fecha no se ha logrado como es evidente las víctimas del conflicto interno armado en nuestro país no han cesado y pareciera que buscar la restitución del territorio tuviera como fin cegar la vida de quienes reclaman sus derechos.

 

Los canales de información y atención de las víctimas no son los adecuados y como era de esperarse, la información que se le suministra a los mismos no es oportuna ni clara, lo que ha terminado ocasionando una revictimización, que en todo este tiempo los colombianos hemos elegido invisibilizar.

 

Aún en el territorio nacional hay personas víctimas del conflicto interno armado, que no tienen la menor idea de cuáles son sus derechos y desconocen los medios y mecanismos para acceder a ellos.

 

El Pacífico colombiano ha sido una región históricamente impactada por el conflicto armado y por el abandono Estatal, dejando una compleja situación de empobrecimiento, desigualdad y grave vulneración a los derechos fundamentales, pese a todo esto, el 2 de octubre de 2016 el Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño -departamentos que conforman la región Pacífico- le dieron el ‘Sí’ al plebiscito por la paz, pero tras la tras la firma del Acuerdo de Paz, con las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC- y el Gobierno, se han incrementado las violaciones a los derechos humanos, siendo los líderes y lideresas sociales los más afectados.

 

Aún continuamos sin adoptar medidas que garanticen la seguridad de estas personas víctimas, pareciera que nuestra indiferencia en compañía del abandono Estatal, se encargara de silenciar estas voces, voces que no están pidiendo nada extraordinario solo lo que por ley les corresponde.

 

Han sido 9 años de pan, circo y olvido en donde pareciera que la seguridad el cumplirles a estas personas que gozan de especial protección, fuera un tema de papel y nos hemos olvidado de que todos merecemos vivir dignamente.

 

Las víctimas del conflicto interno armado en Colombia siempre serán nuestro asunto pendiente, más allá de las normativas existentes que no generan alivio alguno; serán nuestro asunto pendiente porque siempre hemos vivido esta realidad como algo ajeno a nosotros. Serán nuestro asunto pendiente porque hemos vivido durante todo este tiempo con reportes en papel, que reflejan un alivio que no se materializa en la realidad.

 

*Abogada.

 

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*Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden o no coincidir con las de este medio de comunicación.

 

 

 

 

 *Fotografías: Cortesía

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