Lunes, 25 May 2020

¡Se despierta interés de la auditoría forense en el Pacífico colombiano!

El impacto y entendimiento del fenómeno de la corrupción pre y post Covid-19 en el Pacífico colombiano, será trascendental para avanzar en políticas de desarrollo económico y social.

Por: Luis Fernando García*
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La auditoría forense en Colombia, ha mostrado a nivel profesional, inclusive, pos gradual, un interés substancial en conocer a qué se dedican este tipo de profesionales, que a luces y siguiendo su calificativo, parecerían extraídos de la serie de ciencia ficción americana CSI. Esto no es descabellado, quizás ustedes se preguntarán, ¿Quién es ese profesional?

 

Existen en la práctica dos tipos de expertos dedicados a la auditoría forense. El primero es un profesional, con indistinta carrera, es decir, economista, administrador, ingeniero, abogado, médico y/o bibliotecólogo, que desarrolla un posgrado en auditoría forense y se dedica a la investigación financiera y económica partiendo de hechos delictuales y fraudulentos

 

El segundo, en contador público titulado, con tarjeta profesional expedida por la Junta Central de Contadores, que adelanta estudios pos graduales en contabilidad o auditoría forense y se dedica a los mismos tipos de investigaciones que efectúa el auditor.

 

Estos dos profesionales tienen una limitación, que una vez se introducen en el análisis de evidencias o pruebas, el auditor puede verse abocado a la falta de idoneidad cuando exista contabilidad o estados financieros, ya que el Contador Público en Colombia, es aquel que está expresamente autorizado para su evaluación y presentación en audiencias o juicios (Decreto 2649 de 1993 – Ley 1314 de 2009).

 

Se puede decir entonces, que cuando existan evidencias o pruebas de la comisión de hechos criminales relacionados con conductas de corte financiero y económico, tanto el auditor como el contador forense, tienen incidencia directa en la prevención e investigación de parte.

 

Hay un factor importante en este contexto, que los delitos y conductas son especializadas, es decir, no cualquier persona puede ejecutar su acción. Por ello, las principales entidades del país, como la Contraloría General de la República, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación, son las encargadas de tener el control del inicio de etapas indagatorias, formales y de juicio.

 

La realidad del Pacifico colombiano, en materia social, económica y de mínimo vital es lamentable, el impacto de la corrupción puede medirse desde varios ámbitos:

  1. El daño colateral causado
  2. Incremento de la violencia
  3. Impacto psicológico
  4. Falta de hospitales y centros médicos
  5. Servicios públicos y necesidades insatisfechas
  6. Altos niveles de pobreza y miseria
  7. Nuevos ricos
  8. Nuevos pobre
  9. Desempleo
  10. Vicios desmedidos
  11. Entre otros (…)

 

Desafortunadamente, los fenómenos económicos representados en la oferta y demanda sectorial del Pacífico, parten de los anteriores factores, para convertir nuestras regiones en bombas de tiempo, literalmente hablando.

 

Aquí confluye, lo que se ha denominado, la puerta giratoria en materia de contratación estatal, el Gobierno Nacional, a través de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN y los entes territoriales, recaudan anualmente millones de pesos en impuestos, los cuales son destinados a los departamentos y municipios, a través de partidas de destinación específica, inclusive por regalías. Sin embargo, desde diciembre de 2019, el mundo se estremeció, al conocer que el Covid – 19, se convertiría en una pandemia sin antecedentes para nuestra época.  (Ver: 'Lo que necesitas saber sobre la enfermedad por coronavirus (Covid-19)')

 

De acuerdo al Ministerio de Salud, los Coronavirus “son virus que surgen periódicamente en diferentes áreas del mundo y que causan Infección Respiratoria Aguda (IRA), es decir gripa, que pueden llegar a ser leve, moderada o grave”.

 

Sin embargo, el Ministerio ha dicho, que este nuevo Covid-19 ha sido “catalogado por la Organización Mundial de la Salud como una emergencia en salud pública de importancia internacional (ESPII). Se han identificado casos en todos los continentes y, el 6 de marzo se confirmó el primer caso en Colombia”. Para enfrentar esta pandemia, el Gobierno nacional expidió varios Decretos en materia de emergencia, entre ellos, el Decreto 637 de 6 de mayo de 2020, que reglamenta una nueva emergencia; Decreto 568, mediante el cual se crea el Impuesto Solidario por el covid-19 y como medidas adyacentes, decide devolver a las familias de estratos bajos el Impuesto al Valor Agregado IVA.

 

Por otro lado, expidió el Decreto Ley 461 de 22 de marzo de 2020 que faculta a los gobernadores y alcaldes para reorganizar los recursos de destinación específica de sus entidades territoriales con el fin de enfrentar la pandemia, sin necesidad de autorización previa de asambleas o concejos. Esto en la práctica y desde una visión forense, permea los controles y permite hacer traslados y operaciones presupuestales, con una consecuencia tácita, la posibilidad a omisiones y extralimitaciones en la adjudicación de los presupuestos y desvío recursos a terceros, por parte de los burgomaestres.

 

Contextualizando el planteamiento anterior y con el conocimiento especializado de los auditores forenses, estas conductas pueden prevenirse e investigarse, ya que confluyen en ellas, delitos como peculado por apropiación, celebración indebida de contratos, enriquecimiento ilícito, prevaricatos, inclusive un concierto para delinquir.

 

Para nadie es un secreto que en nuestros territorios existen antecedentes de condenas por hechos de corrupción, pero el Covid – 19 profundizó las raíces de desigualdad económica, evidenció una brecha enorme de poder, pero también de inconciencia y arrogancia. (Ver: 'Retos de los afrodescendientes frente a la Emergencia Global (COVID-19)')

 

Varios medios de comunicación, entre ellos El Tiempo, publica en su portada principal lo siguiente:

La pregunta de auditoría forense es ¿Qué pasó con los controles? ¿Por qué las autoridades capturan tantos Alcaldes? y llaman a interrogatorio a indiciado a otros servidores públicos, sin mencionar a los contratistas.

 

Las respuestas pueden ser varias, pero una de ellas está relacionada con la carencia de personas idóneas en el manejo de prevención e investigación del fraude y la corrupción en Colombia.

 

El Pacifico colombiano debe iniciar a comprender la enfermedad que lo ha aquejado por décadas, las universidades, los gremios, los docentes y estudiantes, deben desarrollar esa competencia forense, es una necesidad que Covid -19 ayudó a revelar. (Ver: '¿Cómo está la situación actual del COVID-19 en el Pacífico colombiano?')

 

 

Fuente: https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/coronavirus-balance-de-la-contraloria-con-sobrecostos-en-contratos-por-pandemia-498060

 

*Especialista en Auditoría Forense de la Universidad Externado de Colombia, con estudios de Maestría en Contabilidad forense y criminología de la universidad Libre de Bogotá, Contador Público de la misma casa universitaria y ExContador Forense de la Fiscalía.

 

*Las opiniones aquí expresadas son de exclusiva responsabilidad del autor y pueden o no coincidir con las de este medio de comunicación.

  

 *Fotografía: Cortesía

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